La Tierra:
el gran hogar
de la humanidad.

Se propone establecer un principio constitucional de protección del patrimonio natural de las generaciones futuras. Al tomar decisiones, se tendrían en cuenta las consecuencias a largo plazo para la biodiversidad y los hábitats.

Pregunta abierta: ¿cómo representar los intereses de quienes aún no han nacido y evaluar el cumplimiento de este principio?

Un consejo de 9 miembros podría basarse en el seguimiento continuo del estado de la naturaleza, investigaciones independientes y comunicaciones de la ciudadanía. Se propone publicar los datos, los métodos y los fundamentos de las decisiones.

Para garantizar la independencia, hacen falta una selección transparente, la declaración de intereses y fuentes de financiación, la recusación en caso de conflicto de intereses y un procedimiento verificable para sortear tres expertos de un grupo de 30–40 candidatos.

Ante una amenaza fundada de daño potencialmente irreversible, se propone permitir la suspensión temporal urgente de la actividad peligrosa, seguida de una evaluación independiente.

Una moratoria de 1–3 años podría dar tiempo para estudiar las consecuencias y buscar alternativas. Su duración, ámbito territorial y restricciones deben justificarse en cada caso concreto.

Quedan por definir el nivel de evidencia exigido, los plazos de evaluación urgente, el procedimiento de recurso y las condiciones para poner fin a la moratoria.

Se propone permitir el levantamiento anticipado de la moratoria únicamente por decisión unánime del consejo, una vez confirmada la eliminación de la amenaza y publicada la justificación.

Garantías para el debate: evaluación independiente, actas públicas, declaración de conflictos de intereses, derecho a recurrir, supervisión externa y responsabilidad por aportar datos falsos a sabiendas.

¿Cómo proteger la naturaleza y evitar bloqueos injustificados? Es necesario definir por separado el procedimiento de recusación y sustitución de los miembros del consejo en las votaciones.

Se propone debatir límites a la presión admisible sobre los ecosistemas, basados en una evaluación científica y teniendo en cuenta los efectos acumulados y las particularidades del territorio.

Una cuota no debe convertirse en un permiso para causar pérdidas irreversibles. Se necesitan registros públicos, controles de cumplimiento y una protección específica para los espacios naturales irremplazables.

Aún no se han definido los tipos de cuotas, las unidades de medida ni las reglas de asignación.

Los cambios para proteger la naturaleza deben ir acompañados de plazos claros de modernización, apoyo a tecnologías más seguras y formación para la reconversión laboral.

Se propone evaluar de antemano las consecuencias para las empresas y las comunidades locales, debatir las fuentes de financiación y establecer compromisos verificables de las partes. El apoyo a la transición no debe retrasar las medidas ante una amenaza de daño irreversible.